Veterinaria es acusada de asesinar a 87 animales de compañía

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En un área boscosa ubicada en cala Salionç de Tossa de Mar, Gerona, los Agentes Rurales se encontraron una escena alarmante. Eran los cadáveres de aproximadamente 87 perros y gatos amontonados en bolsas plásticas. Los cuerpos se encontraban cerca de una finca propiedad de la madre de una veterinaria de Vidreres que fue destituida del Colegio de Veterinarios por mala praxis.

Este hecho se descubrió a mediados del mes de enero gracias a las labores de los Agentes Rurales quienes se encontraban realizando una jornada por la zona. Se percataron que algo no estaba bien cuando detectaron un olor fétido cercano a un lugar lleno de bolsas de diferentes tamaños, cada una de las bolsas plásticas contenía el cadáver de un animal de compañía, la mayoría eran perros.

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En primera instancia se procedió a realizar una exploración externa del área con un aparato lector de microchips y se consiguieron tres lecturas que proporcionaron información para ubicar al amo de uno de los canes. La persona señaló que había llevado a su mascota enferma a una veterinaria, quien una vez que el perro falleció, se encargó del cadáver.

Los agentes pudieron identificar al menos 87 cadáveres de animales de compañía, la mayoría eran canes de todo tipo de razas y solamente 19 estaban identificados con microchip. En medio de las investigaciones los agentes dieron con la persona dueña del terreno y descubrieron que el depósito de cadáveres se ubicaba en la parte de atrás de un chalet, propiedad de una mujer veterinaria a quien se le había suspendido la licencia para ejercer.

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Suspendida legalmente

La persona responsable de este hecho atroz es una veterinaria a quien se le suspendió la licencia en el año 2012 a raíz de una gran cantidad de acusaciones por negligencia veterinaria. Aunque la desición tomada por el Colegio de Veterinarios era la inhabilitación de la veterinaria, ella continuó ejerciendo su profesión. Prestaba servicios a particulares e inclusive abrió una tienda de animales en Vidreres. Pero el pasado mes de octubre un juez la condenó por desempeñar su trabajo mientras estaba suspendida.

El descubrimiento de todos estos animales muertos hizo suponer a los agentes rurales de que la veterinaria cobraba -a las personas que dejaban sus mascotas enfermas- por la incineración cuando los animales fallecían. Pero en realidad no las incineraba, en su lugar las recolectaba en bolsas plásticas y se deshacía de ellas cerca de la finca de su madre.

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Han sido muchas las denuncias en contra de esta mujer, desde el 2015 los Mossos d'Esquadra están recibiendo quejas y acusaciones al respecto. Los casos reseñan que la veterinaria nunca llegó a enseñar a los animales fallecidos a los amos y en otras ocasiones realizó procedimientos quirúrgicos en los que los animales no mostraron signos de mejora y también fallecieron.

Por su parte, los Agentes Rurales encargados de la investigación han delegado el caso a la Fiscalía de Medio Ambiente por tener en cuenta que la veterinaria puede ser la presunta responsable de un delito de desobediencia, falsificación documental y estafa. Además, se le ha presentado una denuncia administrativa por gestión incorrecta de residuos.

Aunque lamentamos que este tipo de casos sigan ocurriendo en nuestro país, aplaudimos que las autoridades tomen cartas en el asunto y que cada vez las leyes se endurezcan más contra el maltrato animal.