Recientemente la Guardia Civil ha concluido la Operación Galg@, la cual se inició en enero en Ávila. En el transcurso de la operación se inspeccionaron y recuperaron galgos robados y maltratados por sus propietarios. Asimismo, los canes rescatados fueron ubicados en diferentes protectoras madrileñas para su cuidado y resguardo. Durante la intervención se encontraron seis personas como presuntas responsables de varios delitos de maltrato animal y falsedad documental, entre las que se hallaba una veterinaria de Madrid.
Lamentablemente los galgos son una de las razas de perros que más maltrato sufre en España. De hecho, España es el único país europeo que todavía permite la caza con galgos, y es el país con la peor reputación en Europa respecto al maltrato animal.
El galgo es una raza que sufre mucho en España
La Operación Galg@ ha implicado cuantiosas investigaciones en las provincias de Toledo y Madrid, en las que han sido recuperados y entregados dos galgos a sus legítimos propietarios. Esta actuación se inició a principios de enero con el arresto de cuatro sujetos por cazar ilegalmente con cinco galgos en una localidad abulense. Durante el procedimiento se revelaron irregularidades provenientes de la lectura de los microchip para identificar a los galgos capturados para ese momento.
El resultado de la lectura de los microchip arrojó que uno de los perros era hembra. Esta conclusión no correspondía con la base de datos del Registro de Identificación de Animales de Compañía de la Comunidad de Madrid (RIAC), en el cual se hallaba registrado como galgo macho. Por esa razón, se instó al Colegio de Veterinarios de Madrid a facilitar la información de los datos del veterinario responsable de la implantación del microchip.
Se descubrió que el veterinario autor de la implantación del microchip resultó ser una mujer de Madrid, quien además habría identificado ilegalmente a un hurón y 43 canes durante los últimos cuatro años. Frente a estos actos, durante los meses de enero y febrero las autoridades competentes ejecutaron inspecciones en Toledo y Madrid para verificar las cartillas sanitarias. Además, se encargaron de comprobar el estado higiénico sanitario de unos 180 canes de diferentes razas propiedad de 38 personas distintas y con domicilios en 11 ciudades.
Sancionados por maltrato animal
Los resultados de estas investigaciones obligaron a inhabilitar administrativamente a ocho personas por cometer 43 infracciones vinculadas con los animales inspeccionados. En una de las investigaciones fueron supervisados 75 perros de distintas razas. Se halló que cinco galgos se encontraban en un estado de extrema desnutrición, atrofia muscular, fatiga, debilidad y condiciones higiénico sanitarias lamentables. Por esa razón, llevaron a cabo el traslado de los canes a una protectora de animales madrileña.
Once de estos perros fueron puestos a orden judicial hasta descubrir su propiedad. Asimismo, fueron encontradas en un centro de cría un centenar de palomas de colombicultura, cuyo centro no se encontraba registrado en la Federación Madrileña de Colombicultura (FMC).
A raíz de estas inspecciones se corroboró que la veterinaria involucrada estaría cometiendo un delito de falsedad documental, ya que no tramitó exactamente la inscripción de la información en la base de datos oficial, ni la cartilla sanitaria de los animales. Este acto de complicidad facilitó a los ladrones de perros la posibilidad de legalizar galgos robados. Además, se investigó a cuatro propietarios de canes por delitos de maltrato animal.
Por otra parte, mientras se llevó a cabo la investigación, se tomó la declaración de otra veterinaria de la Comunidad de Madrid, quien trabajó para la Federación Española de Galgos (FEG), al haberse hallado irregularidades en el tatuaje de dos galgos.
