Investigan supuesto sacrificio masivo de animales en perrera ovetense

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El gobierno local de Oviedo abrió recientemente una investigación para dilucidar si hubo sacrificios masivos de animales en el albergue de La Bolgachina. La concejala de la Salud, Mercedes González, informó que se sospecha sobre la exterminación en las últimas semanas de al menos 70 gatos con la finalidad de reducir la sobrepoblación del recinto.

Según un informe de principios de junio de este año, en la mencionada perrera municipal cohabitaban 526 animales, 323 caninos, 170 gatos y 33 de otras especies; 181 más de los que deberían estar recluidos.

La edil de Somos acudió al albergue luego de recibir una denuncia de la Asociación Nacional de Animales con Derecho y Libertad. Acompañada por representantes de la Plataforma de Entidades de Protección Animal (PEPA), González constató que el número de gatos se había reducido en una notable cantidad.

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Después de exigir el libro de control de entradas y salidas de la perrera, empleados le aseguraron en un principio a la concejala que este se había extraviado y quedaron en sostener una reunión posteriormente para aclarar la contabilidad sobre el acceso al recinto.

Maltrato animal por veterinarios

Algunos empleados de La Bolgachina admitieron que si habían llevado a cabo sacrificios, pero por orden veterinaria ante el supuesto brote de una enfermedad contagiosa. Horas después estos mismos trabajadores confesaron que habían matado a un grueso número de gatos. “Primero los adormecíamos y luego le practicábamos la eutanasia”, dijo uno de ellos, que por razones obvias prefirió el anonimato.

González introdujo una orden de registro ante el departamento jurídico del Ayuntamiento de Oviedo a fin de investigar a fondo a la veterinaria responsable del servicio, quien pudo haber ejercido algún tipo de presión sobre los empleados para iniciar el exterminio premeditado, consciente que el nuevo pliego de condiciones del albergue les obliga a respetar la capacidad del mismo.

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La veterinaria ha sido vista un par de veces con un empresario de Siero, quien es uno de los aspirantes a dirigir la perrera por los próximos dos años como reza el pliego aprobado en julio pasado por el tripartito. El otro candidato a hacerse cargo del albergue, cuyo contrato ronda el millón de euros, es un conocido profesional de la medicina de la ciudad, avalado por el Colegio de Veterinarios.

Entendidos consideran que la veterinaria habría reducido la cantidad de animales en el recinto empleando métodos abusivos para favorecer la tendencia del empresario sierense. Recientemente fue aprobada por la Asamblea de Madrid la Ley de Protección de Animales de Compañía, la cual defiende el “Sacrificio Cero”.

La norma prohíbe matar a animales en centros de acogida y de esta manera rescatarlos de una doble condena, la primera por ser confinados a espacios muchas veces no acordes con las regulaciones sanitarias y la segunda por someterles a sacrificios forzosos.

Las multas van de 300 a 45 mil euros e incluso se contempla la cárcel para aquellos que emprendan actos barbáricos contra animales. La ley también persigue que un futuro no se vendan mascotas en tiendas, sino que están sean adquiridas por catálogos.