Cuatro años de prisión para la dueña de Parque Animal por asesinar animales

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A España todavía le falta mucho por recorrer en materia de protección animal, pero también se ha hecho justicia en varios casos de maltrato animal contra los delitos de abuso y abandono de mascotas.

Tal es el caso de la presidenta de la protectora de Torremolinos Parque Animal, Carmen Marín, quien fue sentenciada por el Juzgado de lo Penal número 14 de Málaga, a la pena de tres años y nueve meses de prisión y a pagar una multa de aproximadamente €20.000 por los delitos de maltrato animal continuado y falsedad documental, convirtiéndose en una sentencia histórica en un caso de maltrato animal en España.

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Sentencia del juez

El juez demostró que Marín “impartía las instrucciones y ejecutaba materialmente los hechos para llevar a cabo sacrificios masivos e injustificados de mascotas” . Estos actos tuvieron la colaboración de Felipe Barco, quien era su ayudante y que también fue condenado a un año de cárcel. La sentencia recoge que los sacrificios se hacían sin ningún control veterinario, a través de la inyección de un producto eutanásico sin previa sedación, en dosis bajas de las recomendadas y por vías inadecuadas, lo que provocaba en los animales una muerte prolongada, dolorosa y agónica.

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La mayor parte de la sentencia (2 años y 9 meses) se debe al delito de falsedad de documentos, ya que el juez tomó en cuenta que los listados de las incineraciones enviados al Ayuntamiento de Torremolinos, que pagaba por este servicio, fueron falsificados con el fin de incluir la participación de veterinarios que nunca habían participado de los sacrificios.

Esta práctica fue meramente lucrativa ya que de acuerdo a la sentencia estas auténticas sesiones de exterminio, como las denominó el Ministerio Fiscal, no atendían a ningún criterio por la edad o estado de salud de los animales de compañía o porque hubiesen transcurrido más de diez días desde que fueran acogidos. Con esta práctica macabra las instalaciones de la protectora quedaban siempre libres para poder recibir nuevos animales cobrando por ello.

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Por otro lado, el magistrado impone a la acusada y a su ayudante la pena máxima permitida por la ley española por el delito de maltrato animal, que corresponde a un año de prisión. Con respecto a este punto, el juez expone que sería deseable un cambio del Código Penal para añadir penas más duras contra el maltrato animal. “Esta reforma permitiría dar una respuesta punitiva más proporcionada a casos como el ahora enjuiciado”, afirma el magistrado.

La dureza con la que el juez emitió su juicio obedece a la tortura que eran sometidos los animales antes de morir, al grotesco número de sacrificios y sobre todo por traicionar la confianza de todas las personas y socios que entregaron gatos y perros con la tranquilidad de que les conseguirían un hogar. Asimismo la sentencia tomó en cuenta el agravante que supone que la acusada y su cómplice ayudante eran los responsables del bienestar de las mascotas cuyas vidas segaban.